Mucho se viene escuchando sobre el salto socioeconómico que, desde 2003 a esta parte, viene protagonizando Brasil de la mano del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En la mayoría de los casos, las críticas se exhiben positivas y son muy pocos los que no mencionan al mandatario como el modelo a seguir en la región.
Pero ahora, a poco de conocerse la designación de Brasil como organizador del Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 2016, aparecen voces que colocan el foco en una serie de problemas todavía no resueltos por la gestión del aclamado Lula: la violencia policial y los métodos de tortura que aún son aplicados por las fuerzas de seguridad locales.
En simultáneo, los incidentes de discriminación que todavía tienen como víctimas a negros e indígenas.
Ahora, la exigencia de hacer tanto del Mundial como de los Juegos Olímpicos los eventos más seguros del planeta acaba de encender una luz roja en el tablero de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En esa dirección, la comisaria de la ONU sobre derechos humanos, Navi Pillay, alertó este viernes a Brasil sobre el riesgo de una limpieza social antes de los grandes eventos deportivos que va a organizar el país sudamericano.
“Puede haber una tentación de parte del gobierno, como fue la tentación de otros gobiernos que organizaron copas del mundo y olimpiadas, de limpiar las calles, y eso quiere decir apresurarse a tratar la seguridad pública sin preocupación por los derechos humanos”, advirtió la funcionaria sudafricana en conferencia de prensa.
“Es algo que puede ocurrir en un país cuando está preocupado por montar este gran espectáculo para las cámaras internacionales, por eso hice una advertencia al respecto”, explicó.
Pillay alertó también sobre la tortura y violencia en las cárceles locales. “La extraordinaria tasa de homicidios en las sobrepobladas prisiones brasileñas y las versiones de tortura generalizada y condiciones inhumanas son alarmantes e inaceptables. Igualmente inaceptable es el hecho de que la gran mayoría de los presos son afrobrasileños”, afirmó.
Ya en términos de cuestiones raciales, la funcionaria señaló que los indígenas y negros están “atascados en la pobreza sin acceso a servicios básicos y empleo”.
“Cuando casi 50% de su población no tiene acceso a derechos económicos y sociales y sufre altos índices de desempleo, el país en su conjunto sufre. Cuando los indígenas no son protegidos y empresas los expulsan de sus tierras para actividades mineras o madereras, eso afecta a todos en Brasil”, dijo, en declaraciones divulgadas por la agencia Associated Press (AP).
Por último, Pillay destacó que en sus contactos con el gobierno percibió que no hay indígenas en altos cargos y únicamente un negro ocupa un cargo ministerial (Edson Santos, ministro de Igualdad Racial) pese a que los pobladores de origen africano componen el 50% de la población.
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